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El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario llega a las puertas del Palacio de Tribunales. La Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) convocan a clases públicas para pedir a la Corte Suprema que se expida sobre esa medida, incumplida por el gobierno de Javier Milei.
La jornada con clases abiertas está convocada para este martes a las 12 en Plaza Lavalle, organizada por centrales que representan a docentes, nodocentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Coincide, además, con el inicio de otra semana de paros: del el 26 al 30 de mayo, convocado por gremios docentes, en reclamo por la Ley de Financiamiento y por el llamado a paritarias.
Desde diciembre de 2023 y pese a contar con una ley que debería garantizar su sostén, las universidades acumulan una caída del 37,3% de sus fondos. Agravando la situación, horas antes de la Cuarta Marcha Federal el Ejecutivo oficializó una quita de $78.000 millones sobre distintos programas de la Secretaría de Educación, un recorte que entre otras cosas incluye dejar sin efecto las transferencias destinadas a obras de infraestructura en universidades nacionales.
Clases frente a la Corte
Las clases abiertas frente al Palacio de Tribunales estarán dictadas por el politólogo y profesor Luis Tonelli, quien abordará “La República y sus tres poderes”, y por el abogado y profesor Cristian Cao, quien disertará sobre “Derecho Constitucional”.
Tonelli es profesor de Política Argentina en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde fue director de la carrera de Ciencia Política durante tres gestiones. Cao es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de la Facultad de Derecho de la UBA, además de investigador del CONICET.
A fines de marzo, las clases públicas como medida de protesta habían tenido lugar frente a la casa de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito mientras los docentes no llegan a fin de mes.
El derrotero de la Ley
La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario fue aprobada por el Congreso de la Nación en 2025 y defendida del veto presidencial. Apunta a garantizar el sostenimiento del sistema universitario nacional y la recuperación del poder adquisitivo de sus trabajadores y trabajadoras.
El gobierno de Milei “continúa sin cumplirla, afectando gravemente el normal desarrollo de las funciones de docencia, investigación, extensión y asistencia a la salud”, tal como denuncian las organizaciones convocantes a las clases públicas.
Ante esa situación, las universidades nacionales recurrieron a la vía judicial y obtuvieron pronunciamientos favorables tanto en primera instancia como en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, donde se ordenó al Poder Ejecutivo Nacional cumplir con lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Ley N.º 27.795, reafirmando la plena vigencia de la norma y la obligación del Estado de garantizar el financiamiento del sistema universitario.
Sin embargo, el 7 de mayo –pocos días antes de la Cuarta Marcha Federal- la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario ante una nueva solicitud del Gobierno, autorizando a que la Corte Suprema sea la que decida si mantiene o revoca la medida cautelar que favorece a las universidades nacionales y ordena adoptar medidas vinculadas con la actualización de los salarios del personal docente y nodocente de las universidades nacionales, así como de las becas estudiantiles.
A partir de esa resolución, el expediente está bajo análisis del máximo tribunal del país y las universidades resolvieron presentar un pedido institucional para acelerar una definición judicial. También solicitaron que el juez de primera instancia se pronuncie sobre la cuestión de fondo vinculada al cumplimiento de la ley, reiterando que es indispensable avanzar con la aplicación plena de la norma.
