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El Gobierno continúa con la actualización del cuadro tarifario tras el anuncio de la Secretaría de Energía de la Nación, liderada por María Carmen Tettamanti, sobre un nuevo ajuste en los precios del gas propano que abastece a diversas localidades del país. Estas modificaciones implican que las tarifas de distribución deberán incorporar las bonificaciones establecidas bajo el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
El incremento afecta el precio del gas propano utilizado en zonas sin acceso a la red de gas natural, donde el suministro a hogares y comercios se realiza a través de redes de tuberías subterráneas.
Según la resolución 126/2026, publicada el pasado martes en el Boletín Oficial, el valor del gas propano que las distribuidoras deben incluir en los cuadros tarifarios representará ahora el sesenta por ciento (60%) del Precio de Paridad de Exportación (PPE).
Este ajuste marca un cambio progresivo en el porcentaje aplicado, que era del 40% en junio del año pasado y apenas del 25% en marzo de 2024. Como resultado, el ENRGE aprobó nuevos cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras encargadas de abastecer distintas regiones del país con gas propano indiluido mediante redes.
Para Camuzzi Gas Pampeana S.A., por ejemplo, la resolución 60/2026 establece que las tarifas plenas sin subsidios fijan el precio por m³ en 361,63 pesos para las categorías R1 (residenciales de bajo consumo), R2 (consumo medio-alto), y SGP en la localidad de Ameghino. Además, se impone un cargo fijo mensual de 13.034,97 pesos para R1 y 20.866,34 pesos para R2 y SGP (pequeños comercios, oficinas o establecimientos no residenciales de bajo consumo).
En la región sur del país, donde también opera Camuzzi Gas del Sur S.A., la resolución 62/2026 dictaminó actualizaciones bajo los mismos criterios y plazos. Las localidades afectadas incluyen Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Buenos Aires, con distribución gestionada en colaboración con empresas como Hidrocarburos del Neuquén S.A. (HIDENESA), Distrigas S.A. y Buenos Aires Gas S.A. (BAGSA).
Estos ajustes se realizan en el marco de la emergencia energética decretada y prorrogada mediante diversas normativas. Su propósito central es adecuar los precios del gas propano en red para reflejar los costos reales del abastecimiento, al tiempo que buscan reducir el impacto fiscal sobre el Estado Nacional.
