El actual régimen minero argentino mantiene buena parte de las bases establecidas durante la década de 1990, con beneficios fiscales, bajas regalías y controles estatales limitados. Sus críticos advierten que este esquema favoreció el ingreso de grandes empresas, en particular capitales extranjeros, y redujo la capacidad del Estado para fiscalizar la explotación de los recursos naturales.
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| Imagen ilustrativa |
El régimen minero vigente en Argentina tiene sus principales bases en las reformas impulsadas durante el menemismo, especialmente a partir de la Ley de Inversiones Mineras sancionada en 1993. Aquel marco legal otorgó importantes beneficios a las grandes empresas del sector, entre ellos estabilidad fiscal, exenciones impositivas, bajas regalías y mecanismos de control que, según distintas críticas, resultaron insuficientes para garantizar una fiscalización efectiva de la actividad.
Uno de los principales cambios introducidos durante ese período fue el traspaso a las provincias del dominio sobre los recursos naturales. Esta modificación significó un cambio sustancial en la administración de los recursos estratégicos del país y, de acuerdo con sus detractores, debilitó la capacidad de intervención del Estado nacional frente a empresas privadas, muchas de ellas de capital extranjero.
En este contexto, numerosos emprendimientos mineros se instalaron en regiones cordilleranas y zonas de frontera. En algunos casos, su presencia adquirió una dimensión económica y territorial de gran importancia, al punto de ser caracterizados por sus críticos como verdaderos “Estados dentro del Estado”.
Regalías y controles
Otro de los puntos cuestionados del régimen es el sistema de regalías. La legislación estableció un tope del 3% sobre el denominado valor “boca de mina”. El cálculo se realiza sobre la base de declaraciones juradas presentadas por las propias empresas, tomando como referencia el valor del mineral en el momento de su extracción.
Además, para determinar el monto sobre el cual se aplican las regalías pueden descontarse diferentes costos asociados a la actividad, entre ellos transporte, molienda, procesamiento, seguros, administración y refinación. Según los cuestionamientos al sistema, estas deducciones terminan reduciendo significativamente el monto efectivamente abonado por las compañías.
A esto se agrega otra controversia: la posible falta de contabilización de minerales asociados que también se encuentran presentes en los materiales extraídos. La situación plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para conocer con precisión qué recursos son efectivamente extraídos y cuál es su valor económico.
El retroceso de los organismos estatales
Las transformaciones de la década de 1990 también estuvieron acompañadas por una fuerte desregulación de la actividad minera y por políticas destinadas a atraer inversiones extranjeras. Paralelamente, distintas empresas estatales fueron privatizadas y organismos públicos vinculados al sector perdieron capacidad de intervención.
Entre las instituciones afectadas se encontraban Fabricaciones Militares y la Comisión Nacional de Energía Atómica, que vieron reducida su participación en áreas estratégicas. También fue privatizada Yacimientos Carboníferos Fiscales, mientras que la Dirección Nacional de Minería sufrió una importante pérdida de capacidad de fiscalización y regulación.
El deterioro de las estructuras de control también puede observarse en el ámbito provincial. En Mendoza, por ejemplo, el organismo minero contaba anteriormente con una estructura cercana al centenar de trabajadores y técnicos. Según el informe, en la actualidad su dotación no alcanza el 15% de aquella capacidad.
El resultado de estas transformaciones es, según los sectores críticos del modelo, un sistema que ofrece amplias ventajas a las grandes corporaciones mineras mientras limita las herramientas disponibles para que el Estado controle de manera efectiva la explotación de los recursos. La discusión sobre el régimen minero vuelve así a poner en primer plano el destino de los recursos naturales, la participación de las provincias y el rol del Estado nacional frente a las inversiones privadas.
Con redacción del diario Hoy
Situación actual de la minería en el país
La minería metalífera en Argentina tuvo exportaciones superiores a USD 6.000 millones en 2025. Representan 7% de las exportaciones nacionales y un crecimiento interanual del 10,6%. Estos números se apoyan principalmente en los minerales metalíferos, que representaron el 82% del total exportado (US$4.948 millones), impulsados por el oro con US$4.078 millones (68% del total minero) y la plata, que alcanzó US$777 millones.
Por su parte, el litio se consolidó como el sector con mayor crecimiento en el último periodo, con exportaciones por US$905 millones. Los destinos principales fueron Suiza, que representó el 33% del total exportado, Estados Unidos el 19%, China el 16% e India el 11%.
Según la Secretaria de Minería, hay unos 40 mil empleos directos por la actividad. La minería no metalífera cuenta con 660 proyectos, centralmente rocas de aplicación, minerales industriales y fertilizantes. Este sector ha crecido en base a la arena para fraking y en particular por el litio.
A nivel de recursos, el país posee una base mineral importante: en litio se estiman 197,9 millones de toneladas de carbonato de litio (LCE) y 18,6 millones en reservas, mientras que el cobre alcanza 116 millones de toneladas en recursos y 17,1 millones en reservas. En minerales tradicionales, el oro registra 138,4 millones de onzas en recursos y 33,6 millones en reservas, y la plata presenta 3.839,5 millones de onzas en recursos y 492,7 millones en reservas. Por su parte, el uranio suma 36.483 toneladas de recursos.
La posición de Argentina dentro del llamado “triángulo del litio” es estratégica a escala global. Este triángulo está conformado por Argentina, Chile y Bolivia, y concentra más del 50% de los recursos mundiales de litio, ubicados principalmente en salares de altura en la región andina. En el caso argentino, en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. La Secretaría de Minería informa que existen 325 proyectos mineros.
El número de proyectos en producción es reducido con el número total, predominando el oro y la plata. Pero avanzan rápidamente proyecto de litio y cobre que están en construcción o en las últimas etapas de factibilidad. Han crecido también proyectos de uranio en el marco del avance armamentístico y nuclear. A la vez, la última columna expresa la gran cantidad de proyectos en proceso de exploración. Muchas de esas exploraciones las realizan empresas denominadas junior (empresas de capitales pequeñas y medianas) que realizan exploración y prospección y generalmente revenden los proyectos a empresas mayores o seniors. A su vez, hay factores que condicionan la concreción de los proyectos, como la infraestructura, la energía y agua disponible, por ejemplo.
La provincia con mayor cantidad de proyectos mineros en desarrollo es Salta con 69 proyectos: 19 de litio, 22 de cobre, 14 de plomo, etc. Rio Negro cuenta con 38 proyectos: 29 de plata, 6 de oro, etc. continúa San Juan con 34 proyectos: 16 de oro, 16 de cobre, etc. Catamarca tiene 27 proyectos: 18 de litio y el resto entre oro y cobre. Santa Cruz 25 proyectos: 19 de oro y el resto entre plata y uranio. Jujuy tiene 13 proyectos: 6 de litio, 3 de oro, el único en producción de cobre actual, etc. Chubut cuenta con 10 proyectos: 8 de ellos de uranio. La Rioja 10 proyectos: 5 de litio y 5 de cobre. Mendoza con 7 proyectos avanzados: 2 de cobre, 3 de uranio, etc. Y Neuquén con 4 de uranio, litio y cobre. Los grandes monopolios plantean la “potencialidad” de Argentina como se reflejó recientemente en la cumbre minera de Canadá.
Actualmente el primer inversor externo en minería es Canadá. Continúa en importancia China, donde el país oriental tiene la mayor cantidad de proyectos en Latinoamérica. También hay empresas australianas, europeas (de Suiza, Alemania, Francia, etc.), rusas, coreanas, etc.
De las de 100 empresas mineras vinculadas en distintos proyectos, cerca de tres cuartas partes son de capitales extranjeros. Entre ellas se puede mencionar: Rio Tinto Group (Reino Unido/Australia); South32 y Fortescue Metals Group, Galan Lithium (Australia); Ganfeng Lithium ,Zijin Mining, Tibet Summit, LIEX S.A, CNGR Advanced Material, Shandong Gold Group (China); de Canadá: Barrick Gold, Lithium Americas, First Quantum Minerals, McEwen Mining, Teck Resources, Pan American Silver, AbraSilver. De capitales estadounidenses: Albemarle Corporation, Newmont Corporation. Eramet (Francia), Glencore (Suiza).
hoy N° 2123 26/08/2026
