La Comunidad Indígena de Santa Rosa, en Humahuaca, denunció una violenta represión durante un operativo de desalojo ordenado por el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Juan Pablo Calderón. Las familias cuestionan la medida judicial y aseguran que se habría basado en planos con errores reconocidos por la Dirección de Inmuebles. Hay personas detenidas y heridas.
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| Video represión en Jujuy |
La Comunidad Indígena de Santa Rosa, ubicada en el departamento de Humahuaca, provincia de Jujuy, denunció este martes una violenta represión en el marco de un operativo de desalojo dispuesto por la Justicia provincial.
La medida fue ordenada por el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Juan Pablo Calderón. Según denuncian las familias de la comunidad, la decisión judicial no habría contemplado sus derechos como Pueblo Indígena ni la situación particular del territorio comunitario.
Las comunidades también cuestionaron la actuación de la jueza de Paz Fabiola Salas, a quien responsabilizan por no haber respetado los derechos colectivos vinculados al territorio.
Denuncian errores en los planos
Uno de los principales cuestionamientos de la comunidad apunta a la documentación catastral utilizada en el conflicto. Según explicó Enrique Farfán, presidente de la comunidad de Chocoya, el origen de la disputa estaría relacionado con errores en los planos elaborados por la Dirección de Inmuebles. “Inmuebles reconoció que el plano está mal”, aseguró Farfán.
Según el dirigente, una vivienda perteneciente a la familia Soruco, integrante de la comunidad, habría quedado ubicada de manera incorrecta en la documentación catastral utilizada en la causa judicial.
Para las familias, este supuesto error resulta central, ya que la información cuestionada habría sido utilizada como fundamento para avanzar con la medida de desalojo sobre un territorio que la comunidad reivindica como propio.
Derechos indígenas en el centro del conflicto
La Comunidad Indígena de Santa Rosa cuenta con personería jurídica y sostiene que el territorio comunitario se encuentra protegido por los derechos reconocidos a los pueblos indígenas.
Las familias denuncian que esos derechos no fueron debidamente considerados antes de disponer y ejecutar el desalojo. En ese sentido, cuestionan que una medida que afecta directamente sus viviendas y su territorio haya avanzado mientras persisten, según sostienen, inconsistencias en la documentación sobre la que se apoya el conflicto.
Durante el operativo, integrantes de la comunidad denunciaron represión policial, personas heridas y detenidas.
Frente a la situación, la comunidad convocó a otras comunidades indígenas, vecines y organizaciones sociales a acompañar y resistir el desalojo, al tiempo que reclamó que se respeten sus derechos territoriales y colectivos.
El conflicto vuelve a poner en el centro de la discusión la situación de las comunidades indígenas de Jujuy y la obligación de garantizar sus derechos sobre los territorios que habitan, especialmente cuando existen controversias sobre la documentación catastral y la titularidad de las tierras.
El dato que conecta Jujuy con el Congreso
El jueves 6 de agosto, mientras todavía no se había producido el operativo en Humahuaca, el Senado debatía la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
El proyecto generó una fuerte discusión política y jurídica porque contemplaba modificaciones vinculadas con desalojos, expropiaciones y tierras rurales. Durante el tratamiento, distintos sectores advirtieron que algunos de los cambios podían debilitar mecanismos de protección existentes y facilitar determinados procesos de desalojo.
Finalmente, el oficialismo retiró del proyecto el capítulo que eliminaba las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. También quedó afuera el capítulo que permitía modificar el uso del suelo después de incendios.
Con esas modificaciones, la iniciativa obtuvo media sanción en el Senado por 37 votos contra 33 y pasó a la Cámara de Diputados.
Sin embargo, hay una cuestión que quedó relativamente desplazada del debate público: qué sucede cuando una disputa por la propiedad o la posesión de un territorio involucra a una comunidad indígena y, además, existen denuncias sobre posibles irregularidades o superposición de títulos y planos estatales.
Una discusión que recién comienza
La represión en Humahuaca ocurre en un momento particularmente sensible.
El Congreso acaba de dar media sanción a una reforma vinculada con la propiedad privada y los desalojos, mientras en una provincia del norte argentino una comunidad indígena denuncia haber sido desalojada de un territorio que considera propio y sobre el cual mantiene un conflicto de larga data.
Son dos escenarios diferentes, pero conectados por una misma pregunta: qué entiende el Estado por propiedad y qué ocurre cuando distintas formas de concebir la tierra entran en conflicto.
El caso de Santa Rosa vuelve a colocar esa discusión frente a los ojos de todo el país.
Porque detrás de un expediente, un plano o una orden de desalojo hay personas que viven en ese territorio. Y cuando la respuesta estatal llega en forma de balas de goma, detenciones y expulsión, la discusión sobre la tierra deja de ser una cuestión abstracta.
Se convierte en una pregunta urgente sobre derechos, justicia y el lugar que ocupan las comunidades indígenas dentro del propio territorio argentino.
