La magistrada Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, cuestionó la falta de infraestructura y recursos para aplicar la reforma que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La medida cautelar fue dictada tras un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
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| Imagen ilustrativa R.Penal Arg |
La aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil quedó temporalmente suspendida en la provincia de Buenos Aires por decisión de la Justicia. La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, dictó una medida cautelar que frena durante 60 días la implementación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense.
La resolución judicial surgió a partir de un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de los menores de edad. La normativa, que entró en vigencia a nivel nacional el último sábado y fue posteriormente reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional, establece entre sus principales modificaciones la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
En los fundamentos de la medida, Pascual advirtió que la provincia no cuenta actualmente con la infraestructura edilicia ni con los recursos profesionales necesarios para afrontar un eventual incremento en la cantidad de adolescentes que ingresen al sistema penal juvenil.
La magistrada cuestionó, además, que las instituciones bonaerenses puedan responder adecuadamente a las nuevas exigencias sin que antes se produzcan modificaciones estructurales. Según sostiene la resolución, la reforma podría generar un aumento significativo de la población alojada en establecimientos juveniles y extender los tiempos de permanencia, con el consecuente riesgo de hacinamiento y un incremento de los episodios de violencia dentro de los institutos.
En ese sentido, el fallo pone bajo análisis si el sistema provincial reúne actualmente las condiciones operativas necesarias para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de niñez y adolescencia.
“Con esta ley no vamos a crear más seguridad”
Pascual también defendió públicamente el enfoque de justicia restaurativa que aplica desde su juzgado y cuestionó la idea de que una reducción de la edad de imputabilidad pueda traducirse automáticamente en una disminución de los delitos.
“Yo aplico la justicia restaurativa, que tiene que ver con restaurar los vínculos y que los jóvenes se responsabilicen y vuelvan a su comunidad siendo ciudadanos y no pibes chorros”, sostuvo la jueza.
Frente a las críticas que recibió la decisión judicial, la magistrada rechazó que la nueva normativa pueda ser presentada como una solución inmediata al problema de la inseguridad.
“No romantizo a los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Con esta ley no vamos a crear más seguridad”, afirmó.
La jueza también alertó sobre las consecuencias que podría generar el encierro de adolescentes sin políticas adecuadas de acompañamiento educativo, psicológico y sanitario. “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, señaló.
Desde esa perspectiva, la resolución plantea que la incorporación de nuevas herramientas punitivas debería estar acompañada por mecanismos institucionales capaces de garantizar educación, atención médica, tratamiento psicológico y capacitación laboral para los adolescentes alcanzados por el sistema.
Una audiencia clave en septiembre
Como parte del proceso iniciado a partir del hábeas corpus, el juzgado convocó a funcionarios del Poder Ejecutivo bonaerense de las áreas de Niñez, Justicia y Seguridad a una audiencia que se realizará el 16 de septiembre a las 10.
Durante el encuentro, los representantes del Gobierno provincial deberán informar cuáles son las medidas adoptadas para adecuar el sistema, cuáles son las proyecciones de gestión y qué plazos se contemplan para implementar las modificaciones necesarias.
La suspensión tendrá una duración inicial de 60 días y funcionará, en este marco, como un período para evaluar las condiciones reales del sistema bonaerense frente a la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil.
El planteo de la Justicia provincial pone así el foco no solamente en la edad de imputabilidad, sino también en la capacidad concreta del Estado para garantizar que cualquier modificación del régimen penal juvenil sea aplicada con infraestructura, personal especializado y políticas de protección y reinserción acordes con los derechos de niños y adolescentes.
