FLAYER

Argentina se abstuvo en la ONU de respaldar una resolución contra la violencia hacia mujeres y niñas

Junto con Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún, el gobierno de Javier Milei no acompañó la iniciativa, que obtuvo 175 votos a favor y solo uno en contra, el de Afganistán. Es la segunda vez consecutiva que el país adopta esa posición.

Foto AFP



La Argentina se abstuvo durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de votar a favor de una resolución que proponía intensificar la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas. La decisión del gobierno de Javier Milei se produjo en línea con la posición de Estados Unidos y repitió la conducta que el país ya había tenido en 2024.

La iniciativa fue presentada por la Relatoría Especial sobre violencia contra mujeres y niñas, en el marco de la Agenda 2030. Buscaba que los Estados miembros reforzaran sus políticas y actualizaran sus legislaciones para combatir la esclavitud y la violencia de género.

El texto fue respaldado por una abrumadora mayoría: 175 países votaron a favor, seis se abstuvieron y solo Afganistán votó en contra. Las abstenciones correspondieron a la Argentina, Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún.

Entre los fundamentos de la resolución figuraban los niveles extremos de violencia que padecen mujeres y niñas en zonas de conflicto abierto, como el que enfrenta a Israel con Palestina, la guerra entre Ucrania y Rusia y la situación en Sudán y Myanmar.

Fue Estados Unidos quien encabezó las objeciones. Su representante ante la ONU sostuvo que el tema no era una prioridad para la Casa Blanca y cuestionó las referencias a cuestiones de género, salud sexual y reproductiva y educación sexual, que a su juicio podrían interferir con las legislaciones nacionales o con las prioridades del gobierno republicano. La administración de Donald Trump ya había cuestionado en varias oportunidades la Agenda 2030.

La Argentina se alineó con ese argumento. La abstención generó repercusiones por el contexto local: el país cuenta con legislación que protege estos derechos y registra altos niveles de violencia de género y femicidios, un tema al que la comunidad internacional asigna especial relevancia.