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La lucha contra el desfinanciamiento, el deterioro salarial y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario en Plaza de Mayo

La AGD-UBA y distintos sectores de la comunidad universitaria realizarán este martes desde las 11 horas clases públicas en Plaza de Mayo. La jornada forma parte de una nueva medida nacional de lucha contra el desfinanciamiento, el deterioro salarial y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno de Javier Milei.

Imagen ilustrativa RRSS

La Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), junto con trabajadores no docentes y organizaciones del movimiento estudiantil, realizará este martes una jornada de clases públicas en Plaza de Mayo a partir de las 11 horas. La actividad se enmarca en una nueva jornada nacional de lucha de las universidades públicas contra las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional sobre el sistema universitario.

Bajo la consigna “¡Milei, cumplí la ley!”, la iniciativa busca visibilizar en el espacio público los reclamos por el desfinanciamiento de las universidades nacionales, la falta de actualización de las becas estudiantiles y el deterioro de los salarios docentes y no docentes.

La jornada forma parte de las acciones coordinadas entre las organizaciones sindicales y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y se desarrolla a pocos días de cumplirse un año de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación efectiva continúa siendo cuestionada por los sectores universitarios.

Desde la organización señalaron que las actividades apuntan también a sostener el reclamo de las bases docentes y evitar que la conflictividad sea descomprimida por las gestiones universitarias o las conducciones gremiales. Para garantizar la continuidad de las clases públicas durante toda la jornada, se habilitó previamente la inscripción de comisiones y docentes interesados en participar mediante correo electrónico.

Reclamo salarial

Uno de los principales ejes de la protesta es la situación salarial. Los gremios universitarios cuestionan la propuesta presentada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que contempla un incremento del 3%.

Según las organizaciones sindicales, esa oferta resulta insuficiente frente a un atraso salarial acumulado que estiman en 33,4% más retroactivos, tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El conflicto también se desarrolla en el ámbito judicial. Ante una última intimación del juez Martín Cormick, la representación del Gobierno solicitó dejar sin efecto la medida cautelar vigente y argumentó que ya había cumplido con lo establecido a partir del acta acuerdo firmada el 10 de junio y de los incrementos otorgados previamente.

Los gremios, sin embargo, rechazan esa interpretación y sostienen que las medidas adoptadas por el Ejecutivo no alcanzan para recomponer los salarios ni garantizar el financiamiento establecido por la legislación vigente.

Más movilizaciones en septiembre y octubre

El plan de lucha tendrá continuidad este jueves 17 de septiembre, cuando se realizará un acto en la sede del Pasaje Pizzurno, en simultáneo con el desarrollo de la reunión paritaria entre las autoridades nacionales, representantes docentes y trabajadores no docentes.

Además, como parte de la continuidad del conflicto, la comunidad universitaria impulsa la realización de una quinta Marcha Federal Universitaria, prevista tentativamente para la primera semana de octubre.

Las dirigencias sindicales plantean la necesidad de profundizar las medidas de fuerza antes de que se formalice en el Congreso Nacional la discusión del Presupuesto 2027. Advierten que el Gobierno buscará sostener en las partidas presupuestarias sus metas fiscales y podría dejar de lado los niveles de financiamiento que, según las organizaciones, establece la Ley de Financiamiento Universitario.

De esta manera, las clases públicas en Plaza de Mayo se presentan como una nueva instancia de presión y visibilización de un conflicto que enfrenta a la comunidad universitaria con el Gobierno nacional por el presupuesto, los salarios y el futuro de las universidades públicas.